Más de 60 casos de agresiones, amenazas y coacciones a periodistas al contexto del 1-O.

Un informe de Mèdia.cat recoge un total de 110 casos Represión contra la Libertad de Expresión o de información en Cataluña.

ACN – BARCELONA
El Grupo de Periodistas Ramon Barnils ha presentado un informe, impulsado por el Observatorio Mèdia.cat, donde se denuncian más de 60 casos de agresiones, amenazas, intimidaciones, presiones y coacciones que han sufrido periodistas en el contexto de la 1- O. El documento, elaborado por la periodista Rosa Reyner, recopila con precisión un total de 110 incidentes de represión contra la libertad de expresión o de información en Cataluña entre el 6 de septiembre de 2017 y el 1 de noviembre. “El proyecto del Mapa de la censura documentó 122 casos a lo largo de todo el año 2016 y sólo en estos dos meses concretos del 2017 ya hemos sumado 110, es evidente que estamos en una situación excepcional”, señaló Elisenda Rovira , vicepresidenta del Grupo Barnils y co-coordinadora de Mèdia.cat. “El nuestro no es un informe jurídico sino que pretende dar un grito de alerta sobre la necesidad de proteger el trabajo de los periodistas y también las libertades fundamentales de toda la ciudadanía”, ha continuado Rovira.

“Sea cual sea el recorrido judicial que los casos puedan tener, esto es más una cuestión de salud democrática y periodística. Hacer este trabajo se está volviendo muy complicado últimamente “, alertó la vicepresidenta del Grupo Barnils. El informe, titulado ‘1-O. Libertad de información en el alambre ‘, recoge, ordena y analiza exhaustivamente todos los casos registrados en las semanas inmediatamente anteriores y posteriores al 1-O. Comienza el 8 de septiembre con la entrada de la Guardia Civil a la imprenta Indugraf Offset a Constantino y el registro al día siguiente de la redacción del semanario ‘El Vallenc’ en busca de información sobre los preparativos del 1- O, y termina el 1 de noviembre con el arresto de dos leridanos acusados ​​de un presunto delito de odio para identificar a las redes sociales agentes de los cuerpos de seguridad estatales. “De entre los casos registrados en el informe, más de 60 afectan directamente a los periodistas o los medios de comunicación”, adelantó Rosa Reyner, periodista y redactora del documento.

“33 son agresiones, amenazas o intimidaciones, de las que más de una veintena han tenido lugar en el contexto de manifestaciones unionistas. Han afectado periodistas y medios que trabajan en el marco catalán, estatal o internacional, pero Cataluña Radio y TV3 lo han sufrido especialmente “, precisó Reyner. “También el 1 de octubre se registraron al menos 2 casos de agresiones a periodistas por parte de policía española o Guardia Civil”, puntualizó. “Otros 18 casos se refieren a presiones, censura o autocensura a periodistas y medios. Consideramos especialmente relevantes las quejas de los trabajadores de TVE y RNE, que mostraron su desacuerdo con la forma en que se trataron informaciones referentes al 1-O “, comentó Reyner. “Y también hemos detectado 11 casos de resoluciones judiciales, actuaciones policiales o denuncias que obstaculizan el trabajo de los periodistas”, concluyó la autora del informe.

“Por ejemplo, las notificaciones que prohibían publicar anuncios del referéndum del 1-O bajo amenaza de repercusiones penales y el hecho de que los responsables de algunos de los medios afectados fueron citados a declarar”, valoró Reyner. “En paralelo, y en el período de análisis, ha habido tres denuncias por parte de colectivos de los cuerpos de seguridad del Estado a periodistas o publicaciones, que afectan a la directora de El Matí de Catalunya Radio, una periodista de TV3 y la publicación satírica ‘el Jueves’ “, concluyó la autora del informe ‘1-O. Libertad de información en el alambre ‘, que se puede descargar en la página web www.media.cat/llibertatinfo. Se ha editado en catalán y en inglés, y se está preparando la versión castellana. De hecho, el Grupo Barnils tiene previsto presentar su contenido en la OSCE Parallel Civil Society Conference 2017, este miércoles en Viena.

Asimismo, el informe se pondrá en conocimiento de los organismos competentes en materia de libertad de información y expresión a nivel estatal e internacional. “Al final del camino estoy segura que si algunas de estas restricciones llegaran al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, lógicamente reaccionaría en contra”, ha reflexionado en voz alta Laia Serra, abogada especialista en derechos fundamentales. “Yo entiendo que en muchos de los casos se han traspasado determinadas líneas rojas de una manera muy clara”, sentenció Serra.

Fuente: elpuntavui.cat